Una mirada a África como tablero de la geopolítica internacional

lunes, 27 de diciembre de 2010

TRINIDAD JIMÉNEZ NO ENCUENTRA LOS ACUERDOS DE MADRID



Texto del requerimiento del abogado Francisco Fernández Goberna a la ministra Trinidad Jiménez sobre los llamados Acuerdos de Madrid que nunca existieron.
Consultar el texto completo de la solicitud pinchando aquí.



Tras superar el 25 de diciembre (fum, fum, fum) nos vamos embalando por el ultimo tramo de la cuesta abajo de 2010 sin que la ministra Trinidad Jiménez haya localizado el texto de los llamados Acuerdos de Madrid, esos que supuestamente España firmó el 14 de noviembre de 1975 con Marruecos y Mauritania, cuando les entregó a estos dos vecinos magrebíes la “provincia” número 53 del Sáhara Español.

No hay fuentes fidedignas ni oficiosas que puedan confirmarlo, pero es lo que hay que deducir del hecho de que hace ya casi una semana que venció el plazo del requerimiento con el que el abogado Francisco Fernández Goberna ha solicitado a la ministra una copia del supuesto tratado sin que, hasta el momento, haya habido algún tipo de respuesta desde el ministerio de Exteriores. El letrado ya estaba muy seguro de que no había tal tratado en los archivos pero, como la ministra actúa como si los tuviese a mano, quería estar seguro de que algún subalterno no le hubiese dado gato por liebre con otro tipo de documento como intentaron hacerle a él en cierta ocasión.

Por eso en su escrito (que podéis consultar pinchando aquí) le ha subrayado a Trinidad Jiménez que no se conforma con un texto cualquiera. Lo que pide es “una copia testimoniada del Boletín Oficial del Estado conteniendo la publicación íntegra del “tratado” en el mismo y ningún otro texto como, por ejemplo, la Ley de Descolonización del Sáhara”. Al subrayar la palabra “tratado” el abogado advierte que no es de los que está predispuesto a dejarse engañar por las malas artes del ilusionismo semántico que durante 35 años confundieron a la mayor parte de los españoles haciéndoles creer que cuando se hablaba de
Acuerdo de Madrid, o acuerdos tripartitos, el término "acuerdo" era sinónimo de tratado internacional.

Los propios redactores españoles de ese texto lo llamaron Declaración de Principios porque apenas cumplía con esa acepción con la que la Real Academia de la Lengua alude a dos o más personas que muestran e incluso concilian conformidad con un determinado tema. Pero eso no es lo mismo que elevar un acuerdo o un principio de acuerdo al rango de tratado que requiere cumplir con una serie de condiciones tanto con el derecho internacional como con el ordenamiento interno español.

De cara a la puritita ley española, por ejemplo, el punto 5 del art. 1 del Código Civil establece que: “Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado”. Además está el art. 96 de la Constitución (Capítulo III, De los tratados internacionales) que dice que “los Tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno”.

Como la Declaración de Principios nunca fue un tratado válidamente celebrado por incumplir reiterada y gravemente con el derecho internacional, nunca fue publicado en el BOE y, por lo tanto, nunca entró a formar parte del ordenamiento interno español. Lo cual significa que, a efectos legales, el Sáhara siguió siendo lo que era antes del 14 de noviembre de 1975: un Territorio No Autónomo pendiente de ser descolonizado bajo la responsabilidad administradora de España.

Como le recuerda el abogado a la ministra en su solicitud, eso es lo que dice nada más y nada menos que la ONU entre otras cosas, porque el derecho internacional no permite a las potencias descolonizadoras desligarse unilateralmente del pueblo que administran ni tampoco transferir unilateralmente la condición de potencia administradora a terceros como no sea a la propia Naciones Unidas. El que fue el asesor jurídico de la ONU Hans Corell, lo acaba de volver a explicar en una entrevista a una radio sueca así que la ministra tiene confirmado que no ha habido ningún cambio de perspectiva respecto al dictamen que este experto emitió en enero de 2002 y que es uno de los puntos clave de la argumentación de Fernández Goberna.

Lo indignante, además de preocupante, es que los Gobiernos que siguieron tras la muerte del dictador Franco optaron por ocultar esa verdad al pueblo español simulando que la Declaración de principios había sido un tratado reconocido por la comunidad internacional. El Gobierno de Zapatero, al parecer, no tiene ninguna intención de marcar la diferencia y acabar con la mentira forjada por el último gobierno del Generalísimo, ni siquiera por su fe en la Ley de la Memoria Histórica.

Las consecuencias prácticas están a la vista: los alegatos de la ministra en varios periódicos para que la posición española en el conflicto sea la de la "neutralidad" y no la de cumplir con sus responsabilidades con el pueblo saharaui; el que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido se aferren al reconocimiento de una administración que Marruecos ejerce "de facto" pero no "de iure" para eludir investigar (como pidió la Liga Española Pro Derechos Humanos) el asesinato en El Aaiún del saharaui con DNI español Baby Hamday Buyema; las oscuras maniobras y obstrucciones administrativas con las que se tiende a negar a los saharauis que desean tener pasaporte español, una documentación a la tienen tanto derecho como cualquier nacido en Valladolid. Maniobras ilegales, subraya el abogado Fernández Goberna porque, si la ONU no se ha equivocado y España sigue siendo la autoridad administradora "de iure" del Sáhara, los saharauis tampoco han dejado de ser "de iure" tan españoles como lo eran antes del 14 de noviembre de 1975 cuando todos, sin excepción, tenían DNI...

Menudo embrollo, ¿no? Pero es que para eso, para que engorde el embrollo, es precisamente para lo que sirve a nuestros políticos mantener la ficción de un tratado que nunca existió.

domingo, 5 de diciembre de 2010

ZAPATERO Y LA DOCTRINA DE LA ONU CON EL SÁHARA





Celebración de la creación de la RASD en los territorios liberados.

Foto: Ricardo Aznar



Desde presidencia de Gobierno han respondido con una larga cambiada a un escrito procedente del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui que pedía el reconocimiento de España a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) que ya han reconocido más de ochenta países. Alegan en La Moncloa que no puede ser por respeto a los "principios" y "propósitos de la Carta de la ONU" ya que “España respalda plenamente la doctrina de Naciones Unidas para resolver el contencioso sobre el Sáhara Occidental”.


Por lo que se ve, han optado por esa vía de aparente estricto respeto a la legalidad internacional con la que los firmantes de los ilegales acuerdos de Madrid de 1975 justificaron no haber otorgado entonces la independencia unilateral al Sáhara español: con ello, dijeron entonces, se hubiese predeterminado implícitamente el resultado del referéndum de autodeterminación (el camino previsto por la doctrina de la ONU) que deben votar los saharauis para dar por acabado su proceso de descolonización. Así lo explicaba por ejemplo Antonio Carro que, desde su cargo de ministro de la presidencia, fue el redactor de casi la totalidad del texto de esos mal llamados acuerdos de Madrid del 14 de noviembre de 1975.


Había una segunda y poderosa razón que había impedido tomar este camino y que él mismo reconoció ante las Cortes en 1978: reconocer la independencia del Sáhara por las buenas hubiese provocado una acción bélica por parte del rey Hassan II. Lo que ni Carro ni el resto de los cómplices de ese gran timo de los acuerdos de Madrid nunca lograron justificar con argumentos legales fue por qué, ellos que tanto empeño habían puesto en no ponerse por montera a la ONU cuando con ello se favorecía al Frente POLISARIO y el pueblo saharaui, no se lo habían pensado dos veces a la hora de dar una patada en el mismo cielo del paladar de esa doctrina onusiana con unos acuerdos que incumplían, al entregar el Sáhara a Marruecos, lo decidido por Naciones Unidas y, en especial, el dictamen que el Tribunal de La Haya acababa de emitir el 16 de octubre confirmando el derecho del pueblo saharaui a elegir su destino.


La historia sigue repitiéndose: Zapatero se muestra muy respetuoso con la doctrina onusiana en la parte que favorece a Marruecos (el no reconocimiento a la RASD) pero, en cambio, considera el respeto a la Carta de la ONU y la legalidad de las resoluciones una cuestión decorativa cuando se trata de aplicarla a favor del pueblo saharaui. La buena noticia es que al invocar sus asesores la legalidad internacional en contra de la RASD, se les puede exigir ahora con un nuevo escrito o alguna protesta (por ejemplo) que sigan por ese camino que no es compatible con ninguna de esas "políticas realistas" que han estado enarbolando para que España no cumpliese con sus obligaciones internacionales de potencia administradora del TNA del Sáhara Occidental (en especial las definidas en el art. 73 de la Carta de la ONU).


Que Zapatero y la ministra Trinidad Jiménez apliquen escrupulosamente y con el mismo ardor ese legalismo que tanto miman en contra de la RASD al contestarle al abogado Francisco Fernández Goberna. Como ya conté la semana pasada, el letrado ha presentado un requerimiento con el que la ministra de Exteriores debería aclarar la situación de la vigencia de los acuerdos de Madrid con un plazo que finaliza en unos días. A ver qué dice.


El abogado Francisco Fernández Goberna en el número de Mundo Negro sobre el Acuerdo (de Madrid) que nunca existió. Se puede leer pinchando aquí.



EL ACUERDO DE MADRID ILEGAL Y NULO


Si Trinidad no se fía de Fernández Goberna, al que Frank Ruddy llama "el moderno caballero de la triste figura", que repase por ejemplo este artículo publicado en EL PAÍS y elaborado por el insigne catedrático de derecho internacional Julio González Campos. En él se explica muy claro por qué los acuerdos no fueron legales y por qué España, además de violar el derecho internacional cuando los firmó en 1975, sigue pisoteando la legalidad y la doctrina onusiana cada día que pasa sin declararlos oficialmente nulos. Él, entre otros expertos, al liderar el movimiento a favor de la anulación de lo que no fue más que una Declaración de principios, solía recordar también que, conforme al Convenio de Viena sobre derecho de tratados, “si se han ejecutado actos como consecuencia de un tratado que es nulo, hay que realizar lo que esté en lo posible para volver a la situación anterior”. Ello, añadía, incluye que las partes en el acuerdo, empezando por España, “tienen que ajustar su conducta en todo momento a la norma que ha sido violada”.



Como la historia no deja de repetirse desde 1975, lo mismo nos salen desde La Moncloa con lo de que si hacen lo que deben, corremos el riesgo de que Mojamé nos monte un pollo en Ceuta, Melilla y Perejil. Como si perseverando en el crimen contra el pueblo saharaui nos fuésemos a librar de la prueba del nueve ahora que el sátrapa marroquí está fuera de control y decidido a ir a por todas... Lo de hacerles el favor de no reconocer a la RASD, ya lo han comprobado, sólo les ha servido para una breve y simbólica tregua...


En cualquier caso, la rabieta del déspota sería desde luego un problema gordo si en presidencia siguiesen convencidos de que la respuesta que dio Aznar en Perejil no es su modelo a seguir. Eso pensaba Bernardino León, el asesor de Zapatero en La Moncloa, la pasada semana pero, seguramente, lo que le dijo a un periodista antes de la huelga de controladores, ha quedado superado por los eventos del estado de alarma del fin de semana. Que Mohamed VI tome nota porque si Zapatero ha sacado al ejército de los cuarteles para tomar las torres de control de los aeropuertos de España y poner en vereda a simples trabajadores (sí, trabajadores, aunque con sueldo alto), qué menos que exhiba la misma determinación y firmeza contra una eventual agresión a las fronteras nacionales, aunque venga del "hermano" marroquí.

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